SU ASESOR INFORMA:

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES EN CONCURSO

En aquellas sociedades en crisis, que no pueden seguir haciendo frente a sus pagos por falta de liquidez, los administradores deben saber identificar el momento en que la sociedad entra en estado de insolvencia y, por tanto, puede ser declarada en concurso de acreedores. La Ley Concursal no define la insolvencia como presupuesto del concurso, pero describe los efectos que produce, y así dice que “se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir  regularmente sus obligaciones exigibles ”.  Además, es necesario que exista más de un acreedor y que no se trate de un impago esporádico, puntual o aislado.

La Ley Concursal establece una serie de hechos o situaciones concretas que si bien no implican necesariamente la insolvencia del deudor, sí permiten a cualquier acreedor fundamentar su solicitud de concurso necesario, tales como el e mbargo infructuoso, el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor, existencia de embargos que afecten de manera general al patrimonio del deudor, impago de obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y de los trabajadores  durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso (impago generalizado para todas las deudas de su clase).

Incurre en grave responsabilidad el órgano de administración que actúa negligentemente, evitando o dilatando la solicitud de concurso o poniendo trabas a los acreedores, falseando la contabilidad o incluso ocultando bienes de la empresa. Tales conductas permiten distinguir las siguientes situaciones:

Si la sociedad es declarada en  concurso necesario :

  1. El órgano de administración quedará apartado de sus funciones , siendo sustituido por la administración concursal designada por el Juzgado.
  2. Aquellas operaciones realizadas en fraude de acreedores o perjudiciales para el patrimonio de la sociedad durante los dos últimos años anteriores a la declaración del concurso podrán ser rescindidas a instancias de la Administración Concursal, en cuyo caso lo que salió indebidamente del patrimonio deberá ser reintegrado.
  3. Los créditos de aquellos acreedores que tengan una especial relación con el deudor serán calificados como créditos subordinados, es decir, serán los últimos en cobrar
  4. En caso de que el concurso sea declarado  culpable , el Juez podrá condenar a los administradores por los actos fraudulentos que agravaron la situación de insolvencia al pago de todo o parte de las deudas de la sociedad concursada, a la inhabilitación para administrar bienes ajenos y a la pérdida de los derechos que pudieran tener como acreedores de la sociedad concursada y a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

Si la sociedad no entra en concurso , porque no lo pida el órgano de administración, ni los acreedores se atrevan a hacerlo debido principalmente a la inexistencia de patrimonio alguno para hacer frente a las deudas, los administradores (de hecho o de derecho) quedan personalmente expuestos a las acciones de los acreedores para hacerlos responsables del pago de las deudas de la sociedad.

La Ley Concursal castiga la conducta pasiva, omisiva e imprudente del administrador que desconoce el estado económico-contable de la sociedad y que no es capaz de identificar la situación de insolvencia.

Ahora bien, cuando el administrador se retrasa en la solicitud mas allá de los dos meses pero dicho retraso no ha influido en la agravación de la insolvencia y, por tanto, no ha causado mayor perjuicio a los acreedores el Juez no imputará responsabilidad al administrador por este retraso. La actual Ley Concursal exige, para condenar a los administradores y personas afectadas por la calificación culpable “a la cobertura total o parcial del déficit” (entendiendo por déficit aquella parte de las deudas de la empresa concursada que no se han podido pagar a los acreedores con el activo que ésta tenía tras su liquidación), “… en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia ”. Es decir, sólo por el hecho de la calificación culpable no se puede imponer una responsabilidad por todo el déficit, sino que se requiere una relación de causalidad. No se puede condenar por el todo a quien sólo haya contribuido en parte a generar o agravar la insolvencia.

OBLIGACION DE PAGAR I.T.P. EN ALQUILER DE VIVIENDA

Un contrato de arrendamiento de vivienda debe tributar por Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales(ITP), a efectos de la vivienda, se aplica en la compra de vivienda usada, pero también se aplica por la celebración de un contrato de arrendamiento , ya sea, inmueble rústico o urbano, si bien en los urbanos se refiere exclusivamente al alquiler como vivienda, puesto que todos los demás tipos de arrendamientos urbanos estarían sujetos a IVA y éste impuesto es incompaltible con el ITP, o se paga uno o se paga otro.

El obligado al pago de este impuesto es el arrendatario de la vivienda, pero atención, el arrendador es responsable subsidiario si no le exige al arrendatario el pago del impuesto dentro del mes siguiente a la celebración del contrato.

La autoridad tributaria correspondiente puede verificar sin demasiada dificultad si este impuesto ha sido liquidado, ya que puede acceder a la relación de depositantes de fianzas en el Organismo autonómico correspondiente o bien a través de aquéllos que incluyen el alquiler en su declaración de la renta, bien para declarar el ingreso o bien para deducirse el gasto y verificar, así, en cualquiera de los dos casos si consta que hayan liquidado el ITP.

¿Cómo se calcula?

La cantidad sobre la que se calcula el impuesto es la renta total durante todo el contrato. En el caso de que no conste en el contrato la duración, se calculará la liquidación computándose en 6 años, sin perjuicio de las liquidaciones adicionales que deban practicarse después, en caso de continuar vigente el contrato después de dicho período . En el caso de los arrendamientos de las fincas urbanas sujetas a prórroga forzosa se computará, como mínimo, tres años.

Sobre esa cantidad se aplica la tarifa que fije cada Comunidad Autónoma, si la tuviera.

A modo de ejemplo: Si la Comunidad Autónoma aplica la tarifa estatal y la renta por arrendamiento está entre 3.846,49 y 7.692,95 euros -renta total a pagar por un periodo mínimo de tres años de contrato-, el ITP ascendería a 30,77 euros. (calculo realizado según las tarifas vigentes al 24/02/2016)

Existen dos formas de pagar el ITP:

- Confeccionando el contrato de arrendamiento en papel timbrado (en este caso el coste del papel timbrado debe ir en función de la renta total).

- Presentando en la Dirección General de Tributos de cada Comunidad Autónoma el modelo 600, igual que para la compraventa de vivienda usada. El plazo para liquidar este modelo 600 es de un mes desde la fecha del contrato.

PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN EL IRPF PARA EL 2016

Le recordamos los tipos de retención vigentes a partir del 1 de enero de 2016, con la normativa actual:

I.- RENDIMIENTOS DEL AHORRO:

Los tipos de retención de la escala del ahorro con efectos desde el 1 de enero de 2016:

TRIBUTACIÓN BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO IRPF 2016 IRPF 2015
- hasta los 6.000 euros 19% 19,5%
- desde los 6.000 euros hasta los 50.000 euros 21% 21,5%
- a partir de los 50.000 euros 23% 23,5%

 

II.- TABLA DE PORCENTAJES DE RETENCIÓN:

En la siguiente tabla se recogen los tipos de retención e ingresos a cuenta más habituales, en función del tipo de renta, y que operan desde el 1 de enero de 2016:

TIPO DE REND. SATISFECHO O ABONADO/ OBLIGACIÓN DE RETENER Desde el 1 de enero de 2016
Actividad profesional: Con carácter general (1) 15%
Actividad profesional: Inicio de actividad (1º ejercicio y los 2 años siguientes). 7%
Actividad económica: Determinadas actividades empresariales en régimen de estimación objetiva del IRPF (módulos): entre otros, transporte mercancías, servicios mudanza,  etc. 1%
Rendimientos del capital mobiliario: Con carácter general (entre otros, intereses, dividendos, ganancias patrimoniales). 19%
Ganancias patrimoniales derivadas de venta de acciones y participaciones sujetas a retención 19%
Rendimientos de  arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles urbanos: Con carácter general. 19%
Rendimientos del trabajo: Administradores -personas físicas: Con carácter general 35%
Rendimientos del trabajo: Administradores- personas físicas: Cuando los rendimientos procedan de entidades con un importe neto de cifra de negocios inferior a 100.000 euros anuales. 19%
Rendimientos del trabajo: Derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios y seminarios 15%

(1) Se unifica el tipo de retención general con el específico para profesionales con volumen de rendimientos íntegros del ejercicio anterior sea inferior 15.000 euros anuales y representen más del 75% de la suma sus Rend.Integros Activ.Económicas y Rend.Integros de Trabajo.

Revise que en las facturas recibidas y emitidas por servicios prestados a partir de 1 de enero de 2016 y sujetos a retención (de profesionales, por el alquiler de inmueble, etc.) se aplica el nuevo tipo de retención que le corresponde de acuerdo con las tablas adjuntas.
 
Para cualquier duda o aclaración que precise, no dude en ponerse en contacto con su asesor.

NUEVA LEY GENERAL TRIBUTARIA

SE DETERMINAN CON RANGO DE LEY LAS DEUDAS TRIBUARIAS QUE NO PUEDEN APLAZARSE

SE PUEDEN REVISAR EJERCICIOS PRESCRITOS

La ley 34/2015 que previsiblemente entrará en vigor el día 12 de Octubre de 2015, hace una profunda reforma de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 diciembre) y sobre todo se reforma, refuerza y aclaran puntos de la gestión e inspección tributaria y define de forma clara aspectos del Delito fiscal que hasta el momento aparecían bastante difusos.

En esta reforma de la ley, el art. 65.2 establece qué deudas tributarias NO pueden ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento, dejando claro que, por ejemplo, las autoliquidaciones del modelo 111 y 115 (Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF) no pueden ser objeto de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y por tanto su solicitud será inadmitida. Esto ya venía ocurriendo, pero no estaba regulado en la Ley.

También se regula y establece la posibilidad de que la Agencia Tributaria pueda comprobar periodos y conceptos prescritos, si inciden en derechos no prescritos. (art. 70.3)

Por ejemplo, la Agencia Tributaria podrá solicitar documentación de aquellos ejercicios que aunque prescritos sus bases negativas estén compensando el ejercicio objeto de la comprobación, esto quiere decir que no podrá destruirse la documentación de los ejercicios con bases negativas que estén compensando ejercicios no prescritos o que estén pendientes de compensar en el Impuesto de Sociedades o en la Renta.

Seguiremos informando de otras novedades de esta ley.

Una reciente resolución del TEAC abre la puerta de forma definitiva a que los autónomos que trabajan desde casa puedan deducirse gastos como la luz, el agua, el gas o el teléfono.

La postura ya fue rechazada en una sentencia del TSJ de Madrid y también en una reciente resolución el TEAR de la Comunidad Valenciana.

Aun así, el TEAC reconoce que no existe una regla racional que permita discernir qué parte de, por ejemplo, el consumo de electricidad es de uso personal y qué parte tiene un fin profesional. El TEAC plantea una tercera vía y defiende que se articule una fórmula que permita deducir parte de los gastos. Los expertos elogian la resolución del TEAC, pero temen que genere más litigios. La resolución es del pasado 10 de septiembre y, por lo tanto, es pronto para calibrar las consecuencias de la decisión. Cabe esperar que Hacienda estudie la resolución del TEAC y elabore instrucciones.

HAY QUE CONVOCAR JUNTA GENERAL PARA APROBAR LAS CUENTAS ANUALES?

Una de las obligaciones de toda entidad mercantil es la de someter a la decisión de la Junta General de socios las cuentas anuales del ejercicio social ya concluido. Es la denominada Junta General Ordinaria, y esa aprobación es una competencia exclusivamente suya; no cabe delegarse en otros órganos sociales, ni que esa facultad la pueda asumir el Administrador.

En una sociedad mercantil, la Junta puede ser o universal o convocada. La universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero y en cualquier momento, y podrá válidamente tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y los asuntos a tratar.

Pero, en definitiva, lo más importante es que cuando se presenten las cuentas anuales en el Registro no se certifique que han sido aprobadas “por unanimidad, en una junta universal de socios…” si ello no ha sido cierto. Pese a que tal redacción pueda ser de muy frecuente uso, no por ello es una solución correcta ni una opción legal. A lo sumo, puede tenerse la junta como virtual, es decir, con un acta de una reunión que si bien no ha contado con la presencia física de los socios, sus acuerdos sí se han suscrito formalmente por todos ellos.

No siendo así, una certificación sin un previo acta que la avale puede abocar en responsabilidad del administrador por falsedad documental.

Si se duda de poder obtener la firma de algún socio (por disenso, lejanía, enfermedad u otra causa…) la Junta ya no será universal y debe ser convocada. En este caso, los acuerdos se adoptarán por los socios que asistan (personalmente o por representación), sin necesidad de que tenga que contarse con absolutamente todos ellos. Es decir, si no se va a poder contar con la firma del 100% del capital social, la Junta deberá ser convocada con los requisitos de tiempo y forma, según lo que para cada caso exijan la Ley y los estatutos sociales.

En definitiva, basta que un socio no quiera celebrar la Junta, o no se vaya a contar con su firma en los acuerdos, para que la Junta deba ser convocada.

Estas previsiones son importantes siempre pero, encontrándonos en fechas próximas a la presentación de las cuentas anuales, son fundamentales.

RECUERDE: la más mínima duda de que se consiga un consenso unánime sobre celebrar la junta y adoptar los acuerdos previstos, firmando todos los socios el correspondiente acta, nos obliga a convocar junta general con todos los requisitos legales en tiempo y forma.

SOCIOS Y ADMINISTRADORES... ¿NÓMINA O FACTURA?

LA ÚLTIMA REFORMA FISCAL APROBADA EN NOVIEMBRE DEL 2014 (LEY 26/2014 DE 27 DE NOVIEMBRE), EN SU ARTÍCULO 27 INCLUYE UN NUEVO CONCEPTO SOBRE RENDIMIENTOS ÍNTEGROS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE OBLIGA AL ALTA EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS A LOS SOCIOS Y/O ADMINISTRADORES CON OBLIGACIÓN DE ESTAR DE ALTA EN R.E.T.A. Y CONTEMPLA OTRAS VARIABLES QUE PODRÍAN IMPEDIR QUE LOS SOCIOS Y/O ADMINISTRADORES TUVIESEN NÓMINA POR REALIZAR TRABAJOS DISTINTOS DE LOS DE SU CARGO EN EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, COMO HASTA AHORA VENÍA SIENDO HABITUAL.

CLIQUE AQUI PARA VISUALIZAR NUESTRA PUBLICACIÓN SOBRE DICHA REFORMA

Contacto

CE CONSULTING EMPRESARIAL MADRID - MONCLOA

Avda. Pablo Iglesias, 31 Bajo 5

Teléfono: +34 915 331 927 / 650 898 507

Correo electrónico: cemoncloa@ceconsulting.es

Nuestros servicios

Para cualquier duda o aclaración acerca de nuestros servicios contacte con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.

Nuestra Red

Más de 120 oficinas a su servicio:

 

Asesorías Nacionales

 

Asesorías Internacionales

INTRANET INTRANET

Encuéntrenos en las redes sociales